No hay putos en Salta, y lo podemos afirmar si tomamos la representación parlamentaria nacional, ya que de acuerdo a los votos de las diputados nacionales por Salta no habría representatividad de una minoría, a pesar de ser esta representatividad, uno de los pilares del sistema democrático.
De los 7 diputados nacionales, ninguno votó a favor de la medida. La Rioja y San Luis también estarían libre de putos. Vale recordar que en la marcha del orgullo salteña de 2009 asistieron 2000 personas.
En un momento corrió la bola de que el diputado oficialista “oficial” (José Vilariño) había votado junto con el bloque k, pero después salió a desmentirlo. Votó a conciencia salteña.
A diferencia de los relatos mediamente progre de los medios nacionales, en los medios de la ciudad acontecieron tres abordajes reaccionarios sobre la media sanción en la cámara de diputados del pasado 5 de mayo.
Si tuviésemos que confeccionar un ranking con las opiniones más escandalosas escuchadas podríamos ir de abajo hacia arriba y en el puesto número 3 se ubicaría la clásica perspectiva biológica naturalista, que habla de la naturaleza de la unión coital hombre mujer con destino reproductivo como base de todas las instituciones socioculturales. Esta perspectiva es la más retrógrada y la que cada vez tiene menos sustento. Ataca tangencialmente la idea de permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, algo que si bien no está prohibido en Argentina, y hay numerosos hijos homoparenteles, esos niños no cuentan con el reconocimiento de derechos civiles igualitarios configurando ciudadanos de segunda o tercera.
El discurso de la sagrada familia ya no es funcional a los intereses de la derecha, ya se demostró de forma categórica la inexistencia de esa normalidad. Este argumento fue el de la iglesia local y las instituciones que dicen representar a la familia, encarnados en funcionarios de la Universidad Católica de Salta como la directora del Instituto de la vida y la familia Rosa Zacca.
Por su parte los medios radiales locales salieron a repetir las opiniones mal fundadas de funcionarios católicos que acusaban ígnaramente de anticonstitucional a una medida en la que no se abordaba ningún artículo constitucional. Vale resaltar que la carta magna no habla en ningún momento de matrimonio.
El segundo discurso del ranking hacia arriba es el que periodistas radiales conservadores plantearon: “hay cosas más importantes que discutir”. Fue el caso de Martin Grande que se mofó de la discusión y habilitó el aire para comentarios de audiencia peligrosamente homo y transfóbicos. Lo mismo hizo el dueño de Canal 9 Javier Mathus, canal de aire en una situación absolutamente irregular pero apadrinado por el gobernador, cuando planteó que el parlamento argentino estaba para otras cosas. De acuerdo a esta postura no habrían homosexuales o trans pobres menores de edad con necesidades socioeconómicas desiguales e insatisfechas.
Y por último, el tercer abordaje, y el que más afecta a este avance parlamentario en materia de derechos, fue el que planteo otro periodista-empresario, Mario Peña, quien planteó que este debate en diputados fue una movida del oficialismo para esconder otros temas y distraer la atención, desconociendo que este logro se consigue después de 20 años de lucha pública de organizaciones GLTTB.
Además, evita mencionar que el proyecto fue presentado por diputadas de la oposición. Esta mirada asume a nivel local la bajada de línea que dice que cualquier acción tomada por el gobierno nacional es perjudicial para “la gente”.
En Salta se pudo observar un desplazamiento significante, la unión discursiva moral-reproduccionismo dio paso al discurso del uso político de “idiotas útiles” que puede hacer un gobierno que retoma demandas históricas en sus acciones políticas. Las organizaciones políticas y sociales se convierten en idiotas utiles de los gobiernos con intereses de izquierda a los ojos de los medios que monopolizan las opiniones.
La responsabilidad parlamentaria queda ahora en manos de los putos, tortas y travas salteñ*s que tendrán que visibilizarse para exigir ser representados, y sino reclamaremos una devolución de nuestros impuestos ya que el estado no respeta el principio de igualdad de derechos postulado en el artículo 16 de la Constitución que se sustenta en las obligatorias cargas públicas.
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